Ley y orden

En estos días se habla mucho de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Hay opiniones para todos los gustos, o para cada partido, ya se sabe cómo se funciona aquí, que no hay manera de que un bando proponga algo que no sea censurado por el otro. Quizás en lugar de bando debí decir banda, parece un término más apropiado. Los que dicen mirar para la izquierda aunque en realidad miran su bolsillo critican que la nueva ley traerá consigo más control sobre el ciudadano. Los que dicen mirar para la derecha aunque en realidad miran la caja de caudales estiman todo lo contrario, que lo que se pretende es garantizar la seguridad. Los no alineados sabemos que, en el fondo, ambos están de acuerdo y que lo que persiguen es el blindaje, la estabilidad política, espantar las moscas cojoneras promoviendo una ley que limite las concentraciones y manifestaciones y evite los escraches.

Insultar o amenazar a un policía podrá ser castigado con multa de hasta 30.000 euros. Pues qué quieren que les diga, siempre he sido un defensor de los cuerpos de seguridad del Estado. Creo que en España contamos con grandes profesionales, bien valorados, que lidian día a día con un modelo judicial blandengue con los malhechores, que no recompensa su sacrificio ni la continua exposición al riesgo. Los considero valedores de la libertad, piezas fundamentales de la sociedad. Imprescindibles. Lo queramos o no y por triste que suene, el jarabe de palo sigue siendo la medicina más eficaz. Igual dentro de cien años, quinientos o veinte mil, los humanos aprendamos a regirnos por principios morales y solidarios y nadie quiera hacer daño al prójimo. Entonces no hará falta la policía, no será necesario multar o arrestar para que nos respetemos, pero a día de hoy eso es una utopía. Por tanto, aplaudo que se arbitren medidas que contribuyan al respeto a la autoridad. Pero que no se engañe nadie: los políticos, sagaces y pérfidos como ellos solos, proponen estos cambios en beneficio propio; los sinsabores y las dificultades del trabajo de los cuerpos de seguridad les importa un comino.

Aún así, y pese a la insidiosa cortina de humo que se vende, insisto en que estoy de acuerdo con cualquier medida que haga más sencillo y reconfortante el trabajo policial. Ahora bien, esta aquiescencia se tambalea herida de gravedad cuando me hago la siguiente pregunta: ¿qué ocurre si es el policía quien insulta, amenaza o agrede a un ciudadano? Amigo, de eso ni se habla.

Le ley sería más justa si, en este caso, se sancionara al agente con el doble de la pena, 60.000 euros. Porque un delito es más ruin y despreciable si lo perpetra el que debe cuidar para que no ocurra. Castigo doble también si el pirómano es un bombero, si el pedófilo es un maestro de escuela, si el corrupto es un político.

La ley sería también más justa si quien hace estallar una bomba y mata a cinco niños y le caen 1.300 años, se pudriera en la cárcel. Si el que asesina a sangre fría, el que viola a mujeres, el que se excita contemplando fotografías de críos desnudos, no volviera a transitar jamás por las calles.   

La ley sería mucho más justa si protegiera a las víctimas, si nos librara por siempre de tanto hijo de puta que disfruta haciendo daño. Pero eso no va a suceder. De momento, a respetar a los policías para que los demonios enchaquetados sigan jodiendo y permitiendo joder a las personas de buen corazón.